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MPSMAyA. – Pensando en el bienestar de cada hogar boliviano y protegiendo la economía de las familias, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N° 5773. Esta norma establece un sólido respaldo productivo y social al sector panificador del país, asegurando que el alimento esencial de la mesa familiar mantenga un precio accesible para todos.
Detrás de cada pieza de pan que llega a los hogares hay historias de esfuerzo: el trabajo madrugador del panificador artesanal y la expectativa de madres y padres que buscan el sustento diario para sus hijos. Para cuidar ese motor de la economía popular, la norma autoriza la transferencia de recursos de hasta 180 millones de bolivianos a favor de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), provenientes del Tesoro General de la Nación según la disponibilidad financiera. Estos fondos serán destinados a la compra, acopio, distribución y comercialización de grano y harina de trigo.
La medida fue asumida por el Gobierno para responder a una necesidad imperativa de apoyo directo al sector y la población. Por ello, el decreto dispone de manera excepcional que EMAPA entregue la harina de trigo a los productores de pan de batalla con una reducción de hasta el treinta por ciento en relación con el precio de mercado. Esta acción permitirá que el sector panificador mantenga sus costos operativos estables y garantice una producción continua de pan en beneficio de las familias bolivianas.
¿Qué se busca con esta acción gubernamental? Principalmente, blindar la seguridad alimentaria y dar certidumbre a la ciudadanía en un momento en que la estabilidad de la canasta familiar es una prioridad absoluta. Para garantizar que este esfuerzo llegue de manera transparente a quienes verdaderamente lo necesitan, la normativa implementa rigurosos mecanismos de control y fiscalización, consistentes en el uso de cuentas bancarias específicas, informes mensuales de ejecución y auditorías obligatorias sobre el manejo de los recursos.
Asimismo, se pondrá en marcha un moderno sistema de trazabilidad para hacer un seguimiento estricto a la harina desde su entrega hasta el producto final y se habilitarán mecanismos accesibles para que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad en el proceso.
El objetivo final es que los panificadores mantengan sus costos, protegiendo el acceso de la población al pan de batalla. Con estas acciones transparentes y de profundo contenido social, el Gobierno reafirma su compromiso de gobernar con cercanía, transformando los recursos públicos en bienestar real, estabilidad y tranquilidad para todo el pueblo boliviano.