Bolivia

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua respalda aprehensión de exgerente de Emapa y exige detención preventiva inmediata

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La Paz, Bolivia, 2 de enero de 2026

(MDPRyA). – El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, en su firme compromiso con la transparencia, expresó su respaldo a la reciente captura del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, acusado de graves hechos de corrupción.

Las autoridades de esta cartera ministerial saludan el trabajo eficiente y coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana. La captura de Flores, tras su intento de evadir la justicia, es una señal clara de que el Estado no será cómplice de quienes intentan burlar la ley.

El comportamiento del exgerente de Emapa, quien se dio a la fuga incumpliendo su detención domiciliaria, confirma que las medidas cautelares anteriores eran insuficientes. Por ello, este Ministerio respalda plenamente que se dictamine su detención preventiva inmediata y exige con firmeza que la autoridad jurisdiccional determine su reclusión en un centro penitenciario.

Es fundamental aclarar que el Órgano Ejecutivo es respetuoso de la independencia de poderes y no interviene en las decisiones del Ministerio Público; sin embargo, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua coadyuvarán con firmeza en la investigación. De hecho, esta institución ha tomado la delantera al iniciar un proceso judicial contra los responsables de las irregularidades detectadas en el manejo de la harina subvencionada.

En esta gestión de gobierno, la impunidad no tiene cabida. Los recursos destinados a garantizar el alimento en la mesa de las familias bolivianas son sagrados. Por ello, Franklin Flores debe responder ante la sociedad por las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica, además de otros delitos que serán investigados.

El patrimonio del pueblo boliviano no puede ser malversado para beneficios particulares. No habrá descanso hasta que se establezcan las sanciones correspondientes para quienes traicionen la confianza ciudadana y obren de manera irregular en perjuicio de las familias más vulnerables.