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MPSMAyA.- En conferencia de prensa conjunta, el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, acompañados por el viceministro de Transparencia, Yamil García, informaron al país sobre las irregularidades detectadas, las medidas de fiscalización y el proceso de reestructuración que se lleva adelante en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Las autoridades informaron que estos trabajos respondieron a un mandato directo del presidente Rodrigo Paz. La intervención coordinada permitió, durante el mes de octubre, el decomiso de 14.097 litros de gasolina, 651 litros de diésel, 659 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el bloqueo de 10.781 placas de vehículos por cargas irregulares y sospechosas.
En esa línea, el ministro Óscar Mario Justiniano destacó el cambio radical en la tramitación de permisos dentro de la ANH, lo que antes constituía un cuello de botella para la economía. «Antes de la intervención, se emitían apenas 25 autorizaciones y los trámites demoraban en promedio 74 días. Con el nuevo sistema las autorizaciones aumentaron a 57 en tan solo 46 días, un incremento del 128 % y hoy ningún trámite sobrepasa las 48 horas», afirmó.
Asimismo, remarcó que en octubre el sector privado importó más de 2,5 millones de litros de combustible para autoconsumo en la agricultura y la minería, mientras que 45 operadores privados trajeron casi 15,5 millones de litros para venta al público. Además, se habilitó a 27 estaciones de servicio para comercializar combustible importado, dinamizando la oferta y evitando monopolios.
Por su parte, el ministro Marcelo Blanco enfatizó las acciones contra las mafias del combustible, destacando la incautación de tres vehículos y la apertura de procesos legales contra empresas e intermediarios involucrados en el contrabando.
Respecto a las especulaciones sobre el GLP, ambas autoridades aclararon que se trata de un intento del mercado negro por alterar los precios. Aseguraron que el Gobierno mantendrá firme el precio oficial del GLP a 22,50 Bs por garrafa frente a costos superiores a 100 Bs en países vecinos, y confirmaron que patrullas junto a la Policía boliviana ya resguardan la salida de los camiones distribuidores para garantizar el abastecimiento directo a los hogares.
Con estas medidas, el Gobierno nacional busca llevar tranquilidad a la población y garantizar la normalización en la distribución de carburantes y GLP en todo el país, reafirmando que no se tolerarán actos de corrupción ni trabas burocráticas que perjudiquen el desarrollo productivo nacional.