El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua reafirma la política "cero tolerancia" tras detectar irregularidades en fiscalizaciones a empresas públicas

La Paz, Bolivia 18 de junio de 2026
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua reafirma la política "cero tolerancia" tras detectar irregularidades en fiscalizaciones a empresas públicas

MDPRyA.-  En el marco de las políticas de transparencia y control implementadas por la gestión del Presidente Rodrigo Paz, el Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua brindó un informe detallado sobre las recientes acciones de fiscalización que permitieron detectar y frenar de manera oportuna diversas irregularidades en tres entidades bajo su dependencia: CARTONBOL, la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP).

Solicitud ilegal de dinero en CARTONBOL (Oruro)

El primer caso reportado ocurrió en la planta de la Empresa Pública Productiva CARTONBOL en la ciudad de Oruro. El pasado viernes 12 de junio, un ciudadano identificado como Wilson Coca Huayta, ingresó a las instalaciones manifestando actuar en representación de un diputado nacional. El sujeto solicitó de forma irregular el pago de Bs. 2.000 con el supuesto fin de «pacificar» a bloqueadores y comunarios de la zona, afirmando falsamente que contaba con el aval de altas autoridades y del Gerente Técnico de la empresa.

Tras verificar de forma inmediata que ni la gerencia técnica, ni el legislador mencionado tenían conocimiento del accionar de este individuo, CARTONBOL activó sus protocolos de seguridad. Con el apoyo del efectivo policial de la planta, el sujeto fue retenido preventivamente y posteriormente aprehendido por la FELCC. Actualmente, el individuo se encuentra con medidas sustitutivas por el presunto delito de concusión.

Identifican aportes ilegales en OAP

El siguiente caso se registró en el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), donde en mayo de este año se identificó que siete funcionarios públicos realizaban pagos irregulares equivalentes al 30% de sus salarios a favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas. Estos «aportes» ilegales se realizaban bajo el argumento de haber sido recomendados por dicha autoridad indígena para ingresar a la institución.

Evidenciado el hecho ilícito, los siete funcionarios fueron destituidos de manera inmediata por incurrir en faltas gravísimas al Reglamento Interno de Personal y contravenir la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público. El ministro enfatizó que “en este ministerio nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada. Porque acá el respeto es al trabajo y al trabajador”.

Irregularidades en adquisiciones en EBA

Un tercer caso se relaciona con la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA). El Ministro informó que en pasados meses se detectaron graves anomalías en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de Achacachi, San Andrés y Challapata. Personal de la empresa omitió los procedimientos obligatorios del Decreto Supremo Nº 181, gestionando de forma dirigida la compra de insumos mediante cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs. 1.225.100,00 a favor de un único proveedor. Los recursos fueron distribuidos individualmente en las cuentas SIGEP de cinco funcionarios.

Ante la flagrante falta de sustento normativo, se dispuso la destitución inmediata de los responsables de mayor rango, incluyendo al Gerente Ejecutivo de EBA, los jefes de las gerencias Financiera, de Producción y Legal, además de los jefes de unidad y técnicos que recibieron y transfirieron los desembolsos. Para reconducir la institución, se posesionó a la Lic. Mónica Roca como nueva Gerente Ejecutiva de EBA, quien ya ha designado un nuevo equipo gerencial. El caso se encuentra bajo una auditoría e investigación profunda. El ministro Justiniano sostuvo que “no se puede estafar al pueblo boliviano. Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”

La autoridad enfatizó finalmente que la instrucción del Gobierno Nacional es clara: aplicar una política estricta de «cero tolerancia» frente a cualquier cobro irregular, evasión de normas de contratación o desvío de recursos que atenten contra el patrimonio del Estado o afecten la integridad de los trabajadores públicos.