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MDPRyA. – En conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, informó que, con el propósito de atender las demandas de la marcha de campesinos e indígenas que partió desde Pando con destino a La Paz en rechazo a la Ley 1720 de conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a mediana, el Gobierno nacional ha dispuesto el traslado de una comisión de alto nivel hasta el municipio de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, para establecer un espacio de diálogo constructivo.

La delegación está encabezada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, junto al director nacional del INRA, Hernán Pereira, y un equipo técnico especializado. Esta comisión brindará información precisa sobre los alcances reales de la normativa.

El ministro Justiniano enfatizó que la ley tiene como objetivo central otorgar mayores oportunidades de desarrollo y libertad económica a los pequeños productores, garantizando en todo momento la protección de la propiedad comunitaria. “La ley aplica única y exclusivamente a la pequeña propiedad privada; bajo ninguna circunstancia afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”, subrayó la autoridad.

Asimismo, aclaró que el proceso de conversión es un acto de libre voluntad del propietario. La norma no establece ninguna obligatoriedad, es el titular quien decide, de forma autónoma, si desea acogerse a este beneficio. “Esta ley otorga libertad al pequeño productor para que disponga de su patrimonio, facilitando el acceso al capital de trabajo necesario para dinamizar rubros como la producción de hortalizas, cítricos, lechería y agricultura, entre otros”, explicó.

La Ley permite que el pequeño productor acceda al sistema financiero formal con tasas de interés competitivas, que oscilan entre el 6% y el 9%. Actualmente, muchos productores se ven obligados a recurrir a créditos de casas comerciales o mayoristas con tasas de interés elevadas, que varían entre el 18% y el 28%, lo cual limita significativamente su capacidad de crecimiento y sostenibilidad.

Finalmente, el Gobierno nacional ratifica su plena apertura al diálogo con los pueblos indígenas y organizaciones sociales, por lo que garantiza que estos sectores no están sujetos a la norma y adicionalmente, serán convocados a participar activamente en la etapa de reglamentación, con el fin de asegurar que sus derechos territoriales sean plenamente respetados.